Días de furia

Sí que fue extraño este inicio de febrero. Parecían sólo cinco días endiabladamente lluviosos y gélidos, de esos que terminan achicopalando todo, pero no. También las crispaciones navegaban sobre nosotros, y endenantes: que si mi ciudad aspira a resolverse por fin el atraso en que la rapiña especuladora y el desaseo político-administrativo la convirtieron en río revuelto durante por lo menos los últimos 30 años del siglo pasado –y lo que va de éste-, para ganancia de unos pescadores; que si la legislatura local le autoriza o no endeudarse con mil 700 millones, para contratar obra pública que sería pagada en 15 años; que si los organismos empresariales manifiestan su total acuerdo, advirtiendo que en realidad se requerirían unos 10 mil millones para ponernos al corriente en  lo que a desarrollo urbanístico se requiere, aunque sería interesante saber si esa estimación incluyó a nuestro medio rural –o lo que queda de él-.

Por su parte, la administración municipal se mantiene envuelta en estos torbellinos para despegar con su proyecto de obra pública, una vez agotada la campaña 100x100, que le llevó a realizar ese número de acciones –hábilmente mediáticas pero socialmente improductivas, buena parte de ellas- en los mismos días.

El más estridente tema en estos días fue la reclamación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Zermeño –aunque a título personal, según procuró puntualizar- por lo que él califica como autoritarismo del alcalde en la configuración de los consejos ciudadanos que presiden organismos paramunicipales como el Instituto Cultural de León, el parque de ciencias Explora, el Parque Metropolitano de León y muchos otros.

Pero… ¿realmente critican los empresarios ciertas actitudes autoritarias con las que el alcalde deja fuera la opinión de la ciudadanía, o sólo están expresando que, asumiéndose ellos como la ciudadanía, sus recomendaciones son desoídas por la autoridad municipal, para hacer caso a las de otros grupos empresariales? ¿Los representantes empresariales deben ser entendidos, debido a su posición como generadores de puestos de trabajo –por utilizar una figura simple-, también como representantes del resto de la población?

Lo que aquí se muestra con avidez es la oportunidad de que esta administración municipal, tan metida en el concepto –sólo el concepto, por ahora- de reconocer y privilegiar la participación ciudadana en su tarea de gobierno, vaya más allá de parecer, para pasar a ser un gobierno que involucre ciudadanías, más allá de la colocación de unos –los de sus simpatías y compromisos- por otros  –aquéllos a quienes nada debe, por ahora, en el fértil pero azaroso camino de la política- en esos organismos cuasi ciudadanos. 

Hay en proceso ya una manifestación de hacer las cosas como debe ser, en el impulso desde la alcaldía para conformar un Observatorio que deberá medir, con ciudadanía y profesionalismo, el desempeño de la gestión municipal. Si bien fueron designados mediante un literal dedazo los 17 integrantes de su consejo directivo, hasta ese defecto de origen –necesario para esta etapa de arranque, concedamos- puede ser resuelto, una vez que el organismo se consolide y sus 172 integrantes ejerzan el derecho a ratificar o recomponer esas dirigencias, incluso en tiempos anticipados a los previstos por sus estatutos.

Pero la ciudadanía, los colonos, las personas comunes entre las comunes, están ahí, listas para proponer, criticar, respaldar, rabiar y participar en cuanto fueran convocadas por sus autoridades, como seres comunitarios que quieren una mejor ciudad para los suyos.

No desaparece de la evocación –sarcástica, pero evocación al fin- aquel aparato de consulta-participación comunitaria, que luego sería desmantelado como el piso de Carlos Salinas de Gortari para ir por una posible reelección, y vaya usted a saber por qué más: los comités de Solidaridad. Calles, manzanas y colonias enteras, eran convocadas para decidir directamente respecto a las obras comunitarias requeridas. Aún más: los comités comunitarios llegaban al punto de ejercer directamente los recursos en las obras, sin que decisiones ni dineros pasaran por autoridades estatales o municipales, sino a través de las delegaciones de Solidaridad en los estados y municipios. Especial énfasis ponía ese programa en la detección, capacitación y hasta profesionalización de los líderes –que no liderazgos- comunitarios, quienes llegaban a operar con igual eficacia la introducción de una obra, que los consabidos acarreos con que los vecinos estaban obligados a participar en mítines y ceremonias de inauguración.

Algún clásico efímero declaraba: yo no creo en las brujas; pero de que existen, existen. La ciudadanía existe, y habría que empezar a creer en ella; en un descuido, esto posibilitaría que ella vuelva a creer en sus gobernantes.

Publicado en el Heraldo de León, 8 de febrero de 2010